En mi humilde e ignorante opinión, el debate no debería estar en si a un sector de la población se le prohíbe el acceso a unas redes sociales tóxicas y adictivas, sino en si se prohíbe operar en la Unión Europea a unas redes que, además de ser tóxicas y adictivas, sirven a los intereses del Gobierno de una potencia extranjera que ha demostrado no solo ser un rival estratégico sino un país agresor que ha declarado públicamente su intención de interferir en los procesos electorales europeos para destruir las democracias del continente y el propio proyecto europeo y que usa estas redes como medio y arma para este fin.